TT $1.9 mil millones en Transacciones Sospechosas en Trinidad y Tobago para 2022 El Ministro de Finanzas de Trinidad y Tobago, el Honorable Sr. Colm Imbert afirmó que hubo 958 informes de transacciones sospechosas/informes de actividades sospechosas (RTS/RAS) valorados en TTD$1,937,211,057 hasta el 30 de septiembre de 2022 informados por la Unidad de Inteligencia Financiera de Trinidad y Tobago (FIUTT). Los RTS/RAS se basaron en actividades de evasión de impuestos, fraude, lavado de dinero y narcotráfico. El Ministro elaboró al señalar que la razón más frecuente para la presentación de RTS/RAS fue la actividad sospechosa, que representó a 301 personas, “seguida de la evasión de impuestos (211 personas), el fraude (196 personas), el lavado de dinero (155 personas) y el narcotráfico (35 personas).” El Ministro reveló además que estos representaron el 94 por ciento del total de RTS/RAS recibidos por la FIUTT y el 60 por ciento del valor monetario total de todos los RTS/RAS presentados. En cuanto al tipo de transacción, se reveló que 844 reportes fueron transacciones completadas mientras que 195 fueron transacciones tentativas, valoradas en TTD$1,586,346,802 y $350,864,255 respectivamente. Sin embargo, 16 RTS/RAS contenían transacciones completadas e intentadas. Además, afirmó que "esto representó una disminución del 24 por ciento en las transacciones completadas y una disminución del 68 por ciento en las transacciones intentadas en comparación con el período de informe anterior". El Ministro Imbert también destacó que hubo un aumento en las solicitudes de cooperación de las agencias de aplicación de la ley extranjeras y las UIF con la UIF local en estos asuntos. Más específicamente, las solicitudes estaban relacionadas con 85 temas en comparación con 26 para el período comparativo en 2021. Otras cuatro (4) solicitudes buscaban inteligencia sobre 34 temas. Las solicitudes de autoridades extranjeras se originaron principalmente en el Caribe, Medio Oriente y Europa. De igual forma, la FIUTT envió 23 solicitudes sobre 45 sujetos a autoridades extranjeras para inteligencia financiera e información a autoridades extranjeras principalmente en el Caribe, las Américas y Asia. Las solicitudes enviadas incluyeron 11 casos de sospecha de fraude y cinco (5) casos de narcotráfico. Además, la FIUTT difundió 12 divulgaciones espontáneas a las UIF extranjeras y agencias de aplicación de la ley. El Ministro Imbert dijo que “la difusión espontánea de inteligencia estuvo vinculada a la sospecha de conducta delictiva relacionada con el fraude y el lavado de dinero, representando el 83 por ciento y el 17 por ciento del número total de informes de inteligencia espontáneos difundidos, respectivamente”. También señaló que la FIUTT tiene 36 Memorandos de Entendimiento (MdE) con UIF extranjeras, siendo el más reciente con la superintendencia de bancos en Guatemala en 2022. El Ministro indicó que la FIUTT reportó mayores niveles de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación. Sin embargo, con base en los Informes Trimestrales de Terrorismo Inmobiliario (QTR, por sus siglas en inglés) que continuaron implementándose durante el período del informe, agregó que "es necesario mejorar el cumplimiento por parte del sector de las cooperativas de ahorro y crédito". Se registraron 457 nuevas entidades en la FIUTT, con el mayor número de nuevos registrantes provenientes de los sectores de bienes raíces y abogados. El Ministro Imbert dijo que la UIF mejorará sus operaciones internas y “dará prioridad a los asuntos relacionados con aumentar la cantidad de productos de inteligencia a una sección más amplia de partes interesadas”.
Guyana celebra Taller de Recuperación de Activos Civiles El Gobierno de Guyana llevó a cabo un Taller de Recuperación de Activos Civiles los días 19 y 20 de julio de 2022 en el Guyana Marriott Hotel en Kingston. El taller fue una iniciativa del Programa Anticrimen de la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI por sus siglas en ingles). El Gobierno de Guyana también colaboró con la Oficina de Asuntos Internacionales de Estupefacientes y del Orden Público (INL por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Centro Nacional de Tribunales Estatales (NCSC por sus siglas en ingles) para el taller. La Embajadora de los Estados Unidos en Guyana, Sra. Sarah-Ann Lynch, señaló que el taller tenía como objetivo “forjar y fortalecer asociaciones, compartir las mejores prácticas y fortalecer nuestra respuesta a los delitos graves, transnacionales y financieros". La Embajadora continuó diciendo que el programa adoptó un enfoque regional para abordar los estupefacientes, el tráfico y otras formas de delincuencia organizada grave a través de la recuperación de activos y medidas sólidas antilavado de activos (ALA). En el taller estuvieron representados múltiples agencias. Entre ellas figuraban la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Unidad Antinarcóticos de Aduanas, el Departamento de Investigación Criminal y la Unidad Especial contra la Delincuencia Organizada, la Oficina del Director del Ministerio Público (DPP por sus siglas en ingles), las Cámaras del Fiscal General, la Administración Tributaria de Guyana así como agencias que administran las reservas de petróleo de Guyana. Ponentes Expertos de todo el Caribe, Canadá y el Reino Unido facilitaron el taller. La Embajadora Lynch señaló que el decomiso de activos es una herramienta esencial en los esfuerzos del país para combatir los delitos financieros, ya que elimina las ganancias del crimen y actúa como un elemento disuasorio para futuros delitos. Afirmó además que, si bien Guyana cuenta con varias leyes con respecto a la recuperación de activos, "existe la necesidad de crear capacidad sobre cómo implementar y utilizar efectivamente estas leyes. Nos reunimos para mejorar nuestro conocimiento de la ley y compartir las mejores prácticas regionales e internacionales. Esto fomentará la experiencia en la recuperación de activos basada en la condena y no basada en la condena en Guyana". La Embajadora Lynch expresó su esperanza de que el taller fomente "un sentido compartido de propósito, un interés personal en la recuperación de activos y una comprensión de cómo utilizar las herramientas disponibles para enjuiciar con éxito los delitos financieros". En la ceremonia de apertura, el Fiscal General y Ministro de Asuntos Jurídicos, el Honorable Mohabir Anil Nandlall SC, señaló que los objetivos del taller eran aumentar los conocimientos y fomentar la confianza en la recuperación de activos civiles mediante una visión general legislativa, ejercicios prácticos de identificación de casos, formación de equipos interinstitucionales y ejercicios interactivos de mesa. Hizo hincapié en que es importante que las agencias Estatales de Guyana mejoren constantemente su capacidad para castigar y disuadir las actividades delictivas privando a los delincuentes de los bienes utilizados en o adquiridos a través de actividades delictivas. Por lo tanto, es fundamental que las agencias del orden público conozcan las facultades contenidas en la legislación, así como los desafíos en la investigación y el enjuiciamiento de los casos de recuperación de activos.
Las Bahamas eliminadas de la Lista Negra de la Unión Europea Las Bahamas fue eliminada de la Lista de Jurisdicciones de Terceros Países de la Comisión Europea que cuentan con deficiencias estratégicas en sus regímenes ALA/CFT (Lista Negra ALA). El 7 de enero de 2022 se finalizó esta decisión, luego de que Las Bahamas fuera evaluada según la metodología revisada de la Comisión Europea para identificar terceros países de alto riesgo en el último trimestre de 2021. El GAFI eliminó a Las Bahamas de la lista de Jurisdicciones bajo Mayor Supervisión en diciembre de 2020 después de que el país abordara las deficiencias estratégicas identificadas por el GAFI. Sin embargo, en abril de 2021, la Comisión Europea identificó deficiencias que la jurisdicción debía abordar para cumplir con los estándares requeridos por la Comisión. Según un comunicado del Consejo de la Unión Europea del 10 de enero de 2022, “Las Bahamas ha implementado medidas que son lo suficientemente integrales y que cumplen con los requisitos necesarios para considerar que las deficiencias estratégicas identificadas en virtud del artículo 9 de la Directiva (UE) 2015/849 han sido eliminados”. Las medidas tomadas por Las Bahamas han fortalecido su marco ALA/CFT y se han centrado en la transparencia de su régimen de beneficiarios efectivos. La Comisión Europea declaró que continuará trabajando en colaboración con el GAFI y el GAFIC para monitorear el desarrollo del régimen ALA/CFT de Las Bahamas. Además de Las Bahamas, la Comisión Europea concluyó que Botsuana, Ghana, Irak y Mauricio ya no tienen deficiencias estratégicas en su régimen ALA/CFT. En su Diario Oficial del 21 de febrero de 2022, la UE señaló que estos países han “fortalecido la efectividad de sus regímenes ALA/CFT y abordado las deficiencias técnicas relacionadas para cumplir con los compromisos en sus planes de acción con respecto a las deficiencias estratégicas que el GAFI también identificó. como puntos de referencia o preocupaciones adicionales de la Comisión”.
El GAFI adopta enmiendas a la Recomendación 24 y su Nota Interpretativa El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) adoptó enmiendas a la Recomendación 24 y su Nota Interpretativa el 4 de marzo de 2022. Estos cambios requerirán que los países eviten el uso indebido de personas jurídicas para el lavado de activos (LA) o el financiamiento del terrorismo (FT) y garanticen que exista información adecuada, precisa y actualizada sobre el beneficiario efectivo (BO, por sus siglas en inglés) y el control de las personas jurídicas. El GAFI declaró que las enmiendas eran necesarias ya que las personas jurídicas fueron significativamente mal utilizadas para el LA, el FT y el financiamiento de la proliferación (FP) en varias jurisdicciones. En general, las Evaluaciones Mutuas del GAFI han indicado que existen niveles insuficientes de efectividad para combatir el uso indebido de personas jurídicas para propósitos de LA y FT en la red global. El GAFI señaló además que estos estándares mejorados son un paso inicial crítico que debe ser realizado junto con esfuerzos constructivos y sostenidos para implementar de manera efectiva los nuevos estándares y responder a los riesgos relacionados con el abuso de personas jurídicas. La Recomendación 24 ahora requiere un enfoque múltiple en el que se puede utilizar una combinación de distintos mecanismos para recopilar información de BO con el fin de garantizar que esté disponible para las autoridades competentes (AC) de manera oportuna. Los países deben exigir a las empresas que obtengan y mantengan información adecuada, precisa y actualizada sobre su propio BO y que pongan dicha información a disposición de las AC de manera oportuna. Los países también deben exigir que la información de BO esté en manos de una autoridad u organismo público que funcione como registro de BO o pueden utilizar un mecanismo alternativo si dicho mecanismo también proporciona un acceso eficiente a información de BO adecuada, precisa y actualizada por parte de las AC. Además, las jurisdicciones deben aplicar cualquier medida complementaria adicional que sea necesaria para garantizar la determinación de BO de una empresa. Dichas medidas incluyen mantener información BO obtenida por instituciones financieras reguladas y profesionales o en poder de reguladores o en bolsas de valores. Las revisiones a la Recomendación 24 requerirán que los países sigan un enfoque basado en el riesgo y consideren los riesgos de las personas jurídicas en sus países. Deben evaluar y abordar los riesgos que plantean las personas jurídicas, tanto las creadas en sus países como las personas jurídicas creadas en el extranjero que tengan vínculos suficientes con su país. Además, las enmiendas especifican que el acceso a la información por parte de las AC debe ser oportuno, y la información debe ser adecuada para identificar al beneficiario efectivo, precisa (basada en la verificación) y actualizada. Las jurisdicciones deben garantizar que las autoridades públicas tengan acceso a la información de BO de las personas jurídicas en el curso de la contratación pública. Finalmente, los cambios incluyen controles más estrictos para evitar el uso indebido de acciones al portador y acuerdos de nominados, incluida la prohibición de la emisión de nuevas acciones al portador y certificados de acciones al portador, la conversión o inmovilización de los existentes, y requisitos de transparencia más sólidos para los acuerdos de nominados. El GAFI está realizando una revisión paralela de la Recomendación 25 (propiedad efectivo de los acuerdos legales) para garantizar estándares de BO consistentes y adecuadamente adaptados y una implementación eficiente. Como parte de un enfoque por etapas, el GAFI comenzará a evaluar las jurisdicciones para la implementación de los requisitos revisados al comienzo de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas. Esto daría a los países tiempo suficiente para implementar las medidas internas necesarias. El GAFI declaró que continuará trabajando con la red global para brindar la asistencia técnica y la capacitación necesarias para ayudar a los países a cumplir con los estándares actuales, crear conciencia sobre las nuevas obligaciones, mejorar la comprensión de los registros y mecanismos alternativos, y mejorar la efectividad de su implementación. Más información sobre el proceso de revisión y las enmiendas a la Recomendación 24 están disponibles en el web del GAFSI .
La Oficina del Fiscal Público de Curazao administra Sanciones contra el Banco Una investigación realizada en 2020 por el Fiscal de la Procuraduría General de la República de Curazao, Sint Maarten y Bonaire, Sint Eustatius y Saba (OM) que trabajan en el grupo de trabajo Anticorrupción (TBO) ha dado como resultado que un Banco que opera localmente sea sancionado de acuerdo con al régimen sancionador y legislación vigente en la jurisdicción. Los términos del acuerdo incluían las siguientes sanciones: una multa de 200.000 florines de las Antillas Neerlandesas (NAf.) contra el Banco y la publicación de un comunicado de prensa por parte del OM. Como se indica en el comunicado de prensa, las sanciones mencionadas fomentan más informes de transacciones inusuales por parte del Banco a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). En 2015, el OM había incautado una cuenta en el Banco a raíz de una solicitud internacional de asistencia jurídica. El titular de la cuenta fue objeto de una investigación criminal en el extranjero y se estimó el saldo de la cuenta en 1 millón de NAf en ese momento. Una investigación posterior en 2020 reveló que el Banco pagó el saldo al titular de la cuenta sin que se levantara la incautación. El OM inició una investigación penal contra el Banco ya que la retirada de activos de una incautación es un delito penal. Investigaciones posteriores mostraron que el Banco tampoco notificó a la UIF de manera oportuna. Las instituciones financieras están obligadas a informar sobre transacciones financieras cuando existan motivos para creer que pueden estar relacionadas con el lavado de dinero (LA) o el financiamiento del terrorismo (FT) en virtud de la Ordenanza Nacional sobre la Notificación de Transacciones Inusuales. El incumplimiento de esta obligación constituye delito. En estrecha cooperación con el país solicitante, el OM pudo volver a incautar la cantidad, esta vez en el extranjero. Desde entonces, un Tribunal de Primera Instancia extranjero ha condenado al titular de la cuenta por LD. El OM declaró que después de que tanto la Fiscalía como el Banco se dieron cuenta del acto criminalmente culpable de retiro de la incautación, el Banco contrató a una parte externa para realizar una investigación interna. Se describió el resultado de la investigación en un informe que se ha compartido con el OM. El OM señaló que “el informe revela una investigación exhaustiva y también describe las medidas ya tomadas y las que se tomarán para prevenir las infracciones descritas. El informe también describe la falta de notificación de transacciones inusuales a la UIF de manera oportuna. La minuciosidad de la investigación, su celeridad y las medidas internas fueron fundamentos para que el OM ofreciera un arreglo”.
