¿Qué esta pasando?

El Gobierno de Jamaica ha iniciado el proceso legal de tomar posesión de propiedades y otros bienes valorados en más de 220 millones de dólares que han sido rastreados al exfuncionario Sanja Elliott del Consejo Parroquial de Manchester (renombrado Manchester Municipal Corporation (MMC)). Las propiedades y activos, que incluyen un complejo de apartamentos con 11 unidades, una casa familiar de cuatro plantas, cuatro lotes residenciales, seis automóviles de alta gama, así como una Honda Ridgeline, y varias cuentas bancarias, han sido congelados por el Tribunal Supremo.

El Sr. Elliott, un ex Superintendente adjunto a cargo de carreteras y obras, fue uno de los tres ex funcionarios de MMC que fueron declarados culpables en el Tribunal Parroquial de Manchester el 15 de mayo de 2020 por su participación en un plan para defraudar a la autoridad del gobierno local de aproximadamente $400 millones. Las otras personas fueron David Harris, ex secretario-Director y Director financiero y Kendale Roberts, ex Supervisor de Obras Temporales. La esposa del funcionario y su amigo cercano también fueron condenados por su participación en el plan, que implicó la creación de docenas de vales de pago ficticios a nombre de amigos y asociados del ex funcionario del gobierno local.

Después de anunciar los veredictos, un abogado de la FID declaró que la agencia solicitará que las cinco personas condenadas comparezcan ante la Corte Suprema. "Estamos dejando constancia de que, en la fecha de la sentencia, queremos presentar solicitudes de que las partes condenadas comparezcan ante el Tribunal de Circuito para la audiencia de una orden de decomiso o una orden de sanción pecuniaria", dijo el abogado.

Este es el caso de fraude más grande en la historia de Jamaica que involucra a una autoridad municipal. Las pruebas se obtuvieron de docenas de cheques, girados contra la cuenta del MMC y pagados a los amigos del Sr.  Elliott y a personas previamente empleadas en el municipio por trabajo que nunca se hizo. Otros dos testigos testificaron que también cobraron docenas de cheques, girados en sus nombres contra la cuenta del MMC, y entregaron el dinero al Sr. Elliott o a su amigo cercano. Un testigo declaró que ella cobró unos 40 cheques. El Juez Parroquial Senior que presidió el caso declaró que "ella no preguntó al Sr. Elliott por qué ella estaba cobrando cheques cuando ella no trabajó para el Consejo Parroquial de Manchester... nunca hizo ningún trabajo, nunca fue empleada por el consejo y no presentó ningún documento en forma de factura al Consejo Parroquial de Manchester en relación con trabajo alguno".

El Juez también señaló evidencia del "estilo de vida" del Sr. Elliot y su esposa. "La evidencia es que, en mayo de 2016, el Sr. Elliott había gastado más de 1,5 millones de dólares en artículos de lujo... son las conclusiones de la corte que esto estaba justo ante sus ojos, ella era parte del plan, disfrutando de ello. Ella debe haber sospechado alguna conducta criminal.

A los cinco condenados se les ofreció la libertad bajo fianza hasta la fecha de la sentencia del 27 de julio de 2020.

El 27 de mayo de 2020, La Cámara de Representantes de Antigua y Barbuda aprobó el Proyecto de Ley de Activos Digitales 2020. El marco regulatorio apunta a regular las compañías de activos digitales que establecen sus operaciones en Antigua y Barbuda y brindan protección tanto a los intercambios como a sus clientes. Entre las principales cláusulas del Proyecto de Ley se encuentra la introducción de un sistema de licencias por niveles que requiere que todas las empresas de activos digitales obtengan una licencia para "emitir, vender o canjear monedas virtuales", que funcionan como un servicio de pago, que funcionan como un intercambio electrónico y para prestación de servicios de billetera de custodia.

El Proyecto de Ley otorga a la Comisión Reguladora de Servicios Financieros (FSRC) la supervisión para hacer cumplir el marco legal entre las compañías relevantes. Se pueden imponer multas de hasta $ 250,000 por incumplimiento de la legislación y, además, puede haber cargos penales para gerentes errantes que podrían resultar en encarcelamiento.

El Gobierno de Antigua y Barbuda señaló que al redactar el Proyecto de Ley se celebraron consultas con varios miembros de la industria, como Ayre Group, nChain, Bayesian Fund y la Asociación Bitcoin.

Las Islas Caimán han promulgado un paquete de cinco proyectos de ley para regular a los Proveedores de servicios de activos virtuales (VASPS). La Ley relativa a los Proveedores de servicios de activos virtuales, el elemento central de la legislación en el marco regulatorio hace obligatorio que las empresas de activos digitales estén registradas ante la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA). La Honorable Ministra de Servicios Financieros de las Islas Caimán, la Honorable Tara Rivers, declaró que la nueva legislación tiene como objetivo facilitar la innovación en los servicios financieros, brindar certeza regulatoria a los VASPS, proteger a los consumidores y acatar los requisitos de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

En relación con la concesión de licencias de los VASPS, los titulares de licencia potenciales deben demostrar que tienen los conocimientos, la experiencia, la infraestructura y la financiación necesarios de acuerdo con el alcance y la complejidad del negocio. Los VASPS con licencia también deben cumplir con los reglamentos antilavado de dinero, preparar cuentas anuales y tener un domicilio social en las Islas Caimán.

El nuevo marco incluye además un régimen reglamentario de pruebas controladas (caja de arena/sandbox), lo cual permite ofrecer nuevos servicios innovadores con ciertas restricciones sin necesidad de una licencia completa. La Honorable Ministra explicó que la licencia sandbox permite al CIMA adaptar las restricciones, supervisar los convenios, establecer límites a la oferta del servicio o especificar obligaciones "a fin de permitirle supervisar adecuadamente una actividad innovadora que utiliza nuevas tecnologías". Se pretende utilizar el enfoque sandbox por un plazo limitado y permitirá a la autoridad evaluar la actividad y ver si se requieren cambios legislativos a las leyes existentes.

La pandemia COVID-19 ha dado lugar a desafíos mundiales sin precedentes, sufrimiento humano e interrupción económica. También ha generado un aumento de los delitos relativos al COVID-19, incluso el fraude, la ciberdelincuencia, la desviación o la explotación de los fondos públicos o de la asistencia financiera internacional, lo que está creando nuevas fuentes de ingresos para los delincuentes.  Al utilizar la información brindada a los miembros de la Red Mundial del GAFI los días 7 y 23 de abril, el GAFI ha publicado un documento que identifica los desafíos, las buenas prácticas y las respuestas políticas a las nuevas amenazas y vulnerabilidades de financiación del terrorismo derivadas de la crisis del COVID-19.

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