Las Bahamas aprueban Proyecto de ley en la Asamblea para tipificar como delito los esquemas financieros El Proyecto de Ley sobre los Proveedores de servicios financieros y corporativos (FCSP) de 2020 fue aprobado en la Asambleas Legislativa de Las Bahamas el 4 noviembre 2020. Viceprimer Ministro el Honorable K. Peter Turnquest declaró que el Proyecto de ley ha definido ciertos esquemas financieros como ilegales. Explicó que "pueden adoptar la forma de esquemas piramidales, esquemas Ponzi y esquemas de tarifas anticipadas, entre otros, y muchos de ellos han plagado a los bahameños desprevenidos durante generaciones. Además, estos regímenes son fundamentalmente perjudiciales para los inversores y el público. El Proyecto de ley tipifica como delito la promoción o comercialización de estos esquemas financieros y faculta a la Comisión de Valores para disolverlos cuando las circunstancias así lo justifiquen. También faculta a la Comisión para investigar y hacer cumplir a las personas que participan en los esquemas financieros." El Viceprimer Ministro Turnquest declaró que el Proyecto de ley FCSP está diseñado para brindar a la Comisión de Valores la supervisión de los servicios financieros y corporativos no bancarios a fin de protegerlos del uso indebido y del abuso. El Proyecto de ley también establece disposiciones específicas que facultan a la Comisión de Valores para tomar medidas administrativas y de otro tipo para proteger los intereses públicos. Además, declaró que los Reglamentos para los Proveedores de Servicios Financieros y Corporativos de 2020, que han sido redactados para apoyar el Proyecto de Ley FCSP, amplían algunas de las normas que deben mantener los licenciatarios. Los Reglamentos propuestos obligarán a los licenciatarios a mantener los más altos estándares de conducta profesional. El Viceprimer Ministro Turnquest señaló que los Reglamentos se centrarán en algunos temas, tales como la protección de los datos personales de los clientes de acuerdo con la Ley de Protección de Datos (Privacidad de la Información Personal), así como las medidas para abordar la recopilación, el almacenamiento y la prevención del acceso no autorizado a los datos personales. El Honorable Viceprimer Ministro detalló además que para proteger la industria financiera y la reputación de Las Bahamas de la amenaza del lavado de dinero (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT), el Proyecto de ley FCSP también requiere que los licenciatarios cumplan con la Ley de Información sobre Transacciones Financieras de 2018 y la Ley Antiterrorista de 2018. Además, será necesario que los licenciatarios cuenten con suficientes recursos financieros, que sean solventes y obtengan una cobertura de seguro adecuada para sus operaciones comerciales. Añadió, "Todo esto protege a los inversores, tanto aumentando la probabilidad de que los operadores estén preparados económicamente para las actividades en las que participarán, como agregando algunas medidas de protección para los consumidores perjudicados".
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) fortalece las Medidas relacionadas con la Cooperación y Coordinación Interna (R.2) y la Prevención del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (R.1) En junio de 2019, el GAFI acordó seguir trabajando para fortalecer los Estándares del GAFI para contrarrestar el financiamiento de la proliferación (CFP). Tras una consulta pública sobre el proyecto de enmiendas a la Recomendación 1 y su Nota Interpretativa, la Plenaria del GAFI de octubre de 2020 aprobó las revisiones de las Recomendaciones del GAFI. La Recomendación 1 revisada y su Nota Interpretativa requieren que los países y las entidades del sector privado identifiquen, evalúen, gestionen y mitiguen los riesgos de posibles infracciones, no implementación o evasión de las sanciones financieras específicas relacionadas con el financiamiento de la proliferación (FP). El GAFI también adoptó enmiendas a la Recomendación 2 y una nueva Nota Interpretativa a la Recomendación 2 (INR.2), para mejorar la cooperación nacional, la coordinación y el intercambio de información entre las autoridades nacionales. Los Procedimientos del GAFI y GAFIC (párrafo 4) requieren que los países sean evaluados sobre la base de las Recomendaciones y Notas Interpretativas del GAFI, y la Metodología tal como existen en el momento de la visita in situ del país. Sin embargo, la Plenaria del GAFI acordó desarrollar una Guía para ayudar a los países y al sector privado a evaluar y mitigar el riesgo de financiamiento de la proliferación y acordó además que el GAFI comenzará a evaluar las jurisdicciones para la implementación de estos nuevos requisitos (relacionados con R.1, INR.1 , R.2 e INR.2) al comienzo de la próxima (quinta) ronda de evaluaciones mutuas, para dar tiempo a tomar las medidas necesarias. La declaración pública completa se puede leer aquí.
Granada se Compromete a Desarrollar un Modelo de Prácticas Anticorrupción El Primer Ministro de Granada, el Honorable Keith Mitchell, afirmó que el país adoptará modelos de gobernanza para garantizar prácticas anticorrupción. La declaración se hizo al abordar el cuarto Programa Anual de Capacitación Regional sobre Liderazgo y Gestión de la Serie Centro de Excelencia, que fue organizado por la Oficina de la Comisión de Integridad en Granada. El Honorable Primer Ministro Mitchell reafirmó el compromiso de su gobierno de facilitar la capacitación regional contra la corrupción e indicó que el país acogería seriamente los cambios globales que requieren mejoras en los modelos de gobernanza y la gestión del sector público. Afirmó que los desafíos del país se han vuelto más evidentes durante la pandemia de COVID-19 y aseguró que "Granada continuará los esfuerzos para mejorar nuestros propios modelos de gobernanza y garantizar la supervisión con mecanismos efectivos que respondan a las amenazas de corrupción tanto internas como externas". Granada ha ratificado la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y se ha adherido a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El Primer Ministro Mitchell dijo que "tales acciones significan nuestra intención colectiva de eliminar las prácticas y comportamientos que fomentan la corrupción”. Durante la ceremonia de apertura, la Secretaria General de la Mancomunidad, Dame Patricia Scotland, comentó que las naciones del Caribe se enfrentan actualmente al impacto combinado de la pandemia de coronavirus, la crisis climática y los graves desafíos económicos. Continuó diciendo que “además de esto, también tenemos que abordar el flagelo de la corrupción, no menos dañino, pero quizás más invisible; y lo hacemos al mismo tiempo que lidiamos con la pandemia del coronavirus y sus muchas y angustiosas consecuencias”. El Secretario General explicó que “al igual que la pandemia que los países luchan por controlar, la corrupción genera enormes costos humanos y financieros y pone en grave peligro el bienestar de los más vulnerables”. Dame Scotland agregó que aunque la corrupción se piensa principalmente en términos monetarios, el problema afecta la calidad de vida en los países en desarrollo. Señaló que “los flujos financieros ilícitos que cuestan a los países en desarrollo 1 US$1.26 billones al año, si se aplican correctamente, elevarían por encima del umbral de pobreza a los 1.400 millones de personas que viven con menos de US$1.25 al día y los mantendrían allí durante por lo menos seis años". El Secretario General recordó a los participantes que ningún país es inmune a la corrupción y, como tal, no puede volverse complaciente en sus actividades para combatirla.
El Banco Central de Las Bahamas se prepara para el Lanzamiento Nacional de la Moneda Digital del Banco Central El Banco Central de Las Bahamas se está preparando para un despliegue a nivel nacional de su moneda digital, conocida como "Proyecto Sand Dollar". La moneda digital del banco central (CBDC) se había probado en dos regiones de Las Bahamas, Exuma y Abaco. La publicación nacional gradual de la CBDC comenzará el 20 de octubre de 2020 a través de instituciones financieras autorizadas (AFI). Estas instituciones incluyen bancos comerciales, uniones de crédito, empresas de transmisión de dinero (MTB) y proveedores de servicios de pago (PSP). El Proyecto Sand Dollar es una continuación de la Iniciativa de Modernización de los Sistemas de Pago (PSMI) de Las Bahamas, que se inició a principios de la década de 2000. Según el Banco Central de Las Bahamas, “el resultado esperado del Proyecto Sand Dollar es que todos los residentes en Las Bahamas puedan utilizar una moneda digital del banco central, en una plataforma tecnológica modernizada, con una experiencia y conveniencia, legalmente y de otra manera, que se parece al efectivo ”. Se espera una reducción en los costos de prestación de servicios, una mayor eficiencia transaccional y un mayor nivel de inclusión financiera de su aplicación. El Banco Central enfatizó la importancia de esta iniciativa ya que hay segmentos de la población de Las Bahamas que están excluidos del acceso a los bolsillos de servicios financieros debido a la ubicación remota de varias comunidades y la ausencia de servicios bancarios físicos. Un mejor acceso a los servicios de pago proporcionaría el canal necesario para hacer que otros servicios financieros sean más accesibles para dichas comunidades. El Banco Central señaló además que “esta estrategia también se basaría en campañas sostenidas de educación financiera para impulsar el conocimiento del producto y fomentar un comportamiento más positivo en torno a las finanzas personales”. El Proyecto Sand Dollar se implementará en dos fases. La primera fase se dirigirá al sector privado al tener el CBDC listo para su uso inmediato en tres niveles diferentes de cuentas y sujeto a medidas de conocimiento del cliente (KYC) y medidas de diligencia debida del cliente (DDC). La segunda fase se centrará en los servicios gubernamentales y los servicios públicos, y se extenderá hasta el primer y segundo trimestre de 2021. La actualización pública sobre la iniciativa Proyecto Sand Dollar se puede leer aquí.
La importancia de la debida diligencia del cliente que se discutió en la Conferencia de Instituciones Financieras Nacionales en Barbados La Conferencia de Instituciones Financieras Nacionales (DFIC) fue organizada conjuntamente por el Banco Central de Barbados y la Comisión de Servicios Financieros (FSC) en agosto de 2020. Los reguladores y representantes del sector financiero deliberaron sobre el tema "Debida Diligencia del Cliente, Obligaciones de notificación y Monitoreo". Los debates iniciales del panel se centraron en la necesidad de que las instituciones financieras (IF) acataran los requisitos internacionales antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT). El panel aclaró que el cumplimiento de estos requisitos es la razón principal por la que los clientes tengan que presentar una lista de verificación de documentos incluso los documentos de identidad, prueba de domicilio y fuente de fondos, tales como las cartas de trabajo. Al tomar nota de las conclusiones de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) para Barbados, Cyralene Benskin-Murray, Consejera General del FSC, declaró que el país se ve particularmente vulnerable al fraude y que representaba una amenaza considerable en relación con la delincuencia. En sus aportes, la Sra. Cyralene Benskin-Murray señaló que las IF hacen uso de la información solicitada de los clientes como parte del proceso de debida diligencia a fin de luchar contra el lavado de capitales (LA) y la financiación del terrorismo (FT). Señaló además que la información facilita el monitoreo, la presentación de informes y el desarrollo de los perfiles de clientes lo que ayuda a establecer un patrón para los fondos entrantes y salientes, lo que a su vez ayuda en gran medida que las IF protejan a sus clientes de los delitos financieros. Al utilizar un ejemplo de actividades fraudulentas en línea para transferir dinero de una cuenta a otra, la Consejera General reveló que tales actividades han ocurrido antes y recalcan la necesidad de tener una debida diligencia continua. Al observar que el intento de transacción se impidió porque la IF marcó la transacción como inusual para el cliente, se instaron a las IF a no tratar las solicitudes de información como repetitivas. Agregó: "No está obligado a producir información por puro gusto. No se trata de recopilar información. El objetivo final es prevenir el lavado de capitales y la financiación del terrorismo. El objetivo es también asegurarse de que los delitos determinantes, tales como el fraude, la corrupción y las drogas, y los ingresos de esos delitos, no se filtren en nuestro sistema". Una recomendación que se planteó en las sesiones para abordar la necesidad de un mayor uso de las medidas de debida diligencia es la aplicación de una mayor cantidad de principios de evaluación basados en el riesgo, tales como Conocer a su propio Cliente (KYOC). Sin embargo, la Consejera General Benskin-Murray advirtió que las IF deben ser conscientes de proteger la inclusión financiera. La Consejera General Benskin-Murray continuó diciendo que "aumentar la comodidad para los clientes primero, a través de la educación financiera y la comunicación" ayuda a los clientes a que entiendan y ayuda a las IF a largo plazo. Señaló además que se favorece el cumplimiento voluntario de las medidas cuando los clientes entienden las razones del proceso, y la formación adecuada del personal de primera línea en las IF ayudará en gran medida para agilizar este proceso con base en el perfil de riesgo del cliente.
