El Primer Ministro de Granada, el Honorable Keith Mitchell, afirmó que el país adoptará modelos de gobernanza para garantizar prácticas anticorrupción. La declaración se hizo al abordar el cuarto Programa Anual de Capacitación Regional sobre Liderazgo y Gestión de la Serie Centro de Excelencia, que fue organizado por la Oficina de la Comisión de Integridad en Granada.  

El Honorable Primer Ministro Mitchell reafirmó el compromiso de su gobierno de facilitar la capacitación regional contra la corrupción e indicó que el país acogería seriamente los cambios globales que requieren mejoras en los modelos de gobernanza y la gestión del sector público. Afirmó que los desafíos del país se han vuelto más evidentes durante la pandemia de COVID-19 y aseguró que "Granada continuará los esfuerzos para mejorar nuestros propios modelos de gobernanza y garantizar la supervisión con mecanismos efectivos que respondan a las amenazas de corrupción tanto internas como externas". Granada ha ratificado la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y se ha adherido a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El Primer Ministro Mitchell dijo que "tales acciones significan nuestra intención colectiva de eliminar las prácticas y comportamientos que fomentan la corrupción”.

Durante la ceremonia de apertura, la Secretaria General de la Mancomunidad, Dame Patricia Scotland, comentó que las naciones del Caribe se enfrentan actualmente al impacto combinado de la pandemia de coronavirus, la crisis climática y los graves desafíos económicos. Continuó diciendo que “además de esto, también tenemos que abordar el flagelo de la corrupción, no menos dañino, pero quizás más invisible; y lo hacemos al mismo tiempo que lidiamos con la pandemia del coronavirus y sus muchas y angustiosas consecuencias”.

El Secretario General explicó que “al igual que la pandemia que los países luchan por controlar, la corrupción genera enormes costos humanos y financieros y pone en grave peligro el bienestar de los más vulnerables”. Dame Scotland agregó que aunque la corrupción se piensa principalmente en términos monetarios, el problema afecta la calidad de vida en los países en desarrollo. Señaló que “los flujos financieros ilícitos que cuestan a los países en desarrollo 1 US$1.26 billones al año, si se aplican correctamente, elevarían por encima del umbral de pobreza a los 1.400 millones de personas que viven con menos de US$1.25 al día y los mantendrían allí durante por lo menos seis años". El Secretario General recordó a los participantes que ningún país es inmune a la corrupción y, como tal, no puede volverse complaciente en sus actividades para combatirla.