El 27 de mayo de 2020, La Cámara de Representantes de Antigua y Barbuda aprobó el Proyecto de Ley de Activos Digitales 2020. El marco regulatorio apunta a regular las compañías de activos digitales que establecen sus operaciones en Antigua y Barbuda y brindan protección tanto a los intercambios como a sus clientes. Entre las principales cláusulas del Proyecto de Ley se encuentra la introducción de un sistema de licencias por niveles que requiere que todas las empresas de activos digitales obtengan una licencia para "emitir, vender o canjear monedas virtuales", que funcionan como un servicio de pago, que funcionan como un intercambio electrónico y para prestación de servicios de billetera de custodia.

El Proyecto de Ley otorga a la Comisión Reguladora de Servicios Financieros (FSRC) la supervisión para hacer cumplir el marco legal entre las compañías relevantes. Se pueden imponer multas de hasta $ 250,000 por incumplimiento de la legislación y, además, puede haber cargos penales para gerentes errantes que podrían resultar en encarcelamiento.

El Gobierno de Antigua y Barbuda señaló que al redactar el Proyecto de Ley se celebraron consultas con varios miembros de la industria, como Ayre Group, nChain, Bayesian Fund y la Asociación Bitcoin.